1. Se le atribuye a JAIME ACEVEDO SAAVEDRA, en su calidad de Fiscal Tercero Local de Muzo, el haber archivado indagaciones sin que se hubiese agotado el trámite correspondiente; en unas, y, en otras, sin que dicho archivo hubiese sido motivado para establecer la causal y su procedencia.

2. El actual caso tiene que ver con la adopción de una decisión, tipo resolución, por parte de JAIME ACEVEDO SAAVEDRA, en su calidad de Fiscal 3 Local de Muzo, decisión proferida el 27de octubre de 2009, siendo denunciante la señora CARMEN ROSA SUAREZ ALBORNOZ, noticia relacionada con el delito de hurto calificado.

3. Se emite la decisión de archivo de esa actuación del 27 de octubre del 2009. Se argumenta que el delito por el que se procede es de HURTO Y VIOLACIÓN DE HABITACIÓN AJENA, es decir, que no se adecuó la conducta como legalmente corresponde, en cuanto que si había violación de habitación ajena como se está señalando en la denuncia no se trataría de hurto simple sino de un hurto calificado, quedando subsumida la violación de habitación ajena por el fenómeno de la penetración arbitraria al lugar habitado.

4. El señor Fiscal sigue señalando la causal del archivo: Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Pero más adelante expone como consideración lo siguiente: “Se indica a una persona de los hechos, pero no hay prueba fehaciente de ello, así las cosas, frente al principio de inocencia que le asiste a todo ciudadano se decretara la causal de imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia y se archivara el caso”. Acto seguido se identifica al indiciado EDGAR GIOVANI BARAJAS GÓMEZ, y, finalmente, firma esa orden de archivo JAIME ACEVEDO SAAVEDRA asumiendo la calidad de Fiscal 3 Local de Muzo.

5. JAIME ACEVEDO SAAVEDRA, al adoptar esa decisión, sin hacer el más mínimo esfuerzo de cumplir su deber constitucional de investigar, frente a una persona que ha sido identificada, y frente a una denuncia que suministra información precisa que es verificable, incluso con testigos, incurre en un comportamiento calificable como PREVARICATO POR ACCIÓN, en calidad de autor material. Se le atribuye ese delito a título de dolo.

CONEXIDAD

La conexidad puede ser sustancial o procesal. La primera comporta una relación o nexo estrecho entre cada una de las conductas delictivas que impone su investigación y juzgamiento conjunto, bien sea porque fueron cometidas dentro de una misma cadena finalística en relación de medio a fin (conexidad sustancial), o dentro de dos cadenas finalísticas diversas, pero vinculadas entre sí. En la conexidad procesal, más que un vínculo sustancial entre las conductas delictivas investigadas existe una relación práctica que aconseja y hace conveniente adelantar conjuntamente las investigaciones, dada la unidad de autor(es), la homogeneidad del modus operandi o la comunidad de la prueba, entre otros factores, todo lo cual redunda en favor de la economía procesal.

La declaratoria de conexidad procede: (i) si se imputa un delito en cuya comisión varias personas participaron, (ii) si a una persona se imputan varios delitos originados en acciones u omisiones temporal y espacialmente unitarias, (iii) si a una persona se imputan varios delitos y algunos se ejecutaron con el objeto de facilitar u ocultar otros, o fueron realizados con ocasión o como consecuencia de otro delito y, finalmente, (iv) si se imputan a una o varias personas la comisión de uno o varios delitos que revelen homogeneidad en la actuación, se relacionen razonablemente desde el punto de vista espacio-temporal y, adicionalmente, la evidencia que se presente en una de las investigaciones pueda incidir en otra.

La disparidad de etapas procesales es uno de los factores que determina la improcedencia del derecho de la conexidad en el proceso. En el caso concreto, la Fiscalía situó el desarrollo procesal de todos los procesos en el mismo acto, y así se cumple con la oportunidad en la que el acusador puede solicitar la unificación procesal.

Sin embargo, el acusador omitió la acreditación argumentativa y de corroboración acerca de cuáles elementos de conocimiento, en concreto, inciden en uno y otro caso, en tanto que, por falta de facultades oficiosas de la Corporación, corresponde al solicitante demostrar el fundamento de su postulación. Por esto, no se advierte yerro alguno en la decisión apelada que negó la conexidad y por eso será confirmada.