1. Entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre de 2016, JOSÉ HENRY TORRES NARIÑO en su calidad de Juez Doce de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad de Bogotá, emitió un total de cuarenta y cinco autos en diferentes procesos penales a su cargo, providencias judiciales dentro de las cuales concedió la libertad condicional a los condenados sin que hubiera evaluado ni analizado la gravedad de las conductas punibles por las cuales fueron condenados los sentenciados dentro de cada uno de sus respectivos procesos, contrariando de manera manifiesta el contenido de la Ley 599 de 2000, Código Penal, en su artículo 64, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014.

2. El investigado TORRES MARIÑO no solo se abstuvo de valorar la gravedad de la conducta punible sino que solamente se basó en el pago total de los perjuicios, en el tiempo de privación efectiva de libertad y la buena conducta en privación efectiva de la libertad, sin que en ninguna parte de las providencias el investigado indicara ni hiciera referencia a cuál fue la gravedad de la conducta cometida por el sentenciado, ni se refirió al contenido de la sentencia condenatoria en cuanto a la gravedad de la conducta y tampoco indicó cuál era su criterio sobre la gravedad de la conducta, aspectos que exige el artículo 64 del Código Penal.

3. Este comportamiento ostensiblemente ilegal cometido por el  investigado TORRES MARIÑO ocurrió a través de providencias  judiciales emitidas en diferentes procesos penales, que, aunque  resolvieron el mismo tema de la libertad condicional, no tenían  vínculo alguno entre ellas, es decir ninguna providencia era  antecedente ni consecuencia de las demás, las cuales fueron  proferidas (…), dentro de un periodo de tiempo aproximado de  trece (13) meses, de manera consecutiva (…).

DE LA NULIDAD POR INDEBIDA ELABORACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

Si en la audiencia de formulación de imputación, el fiscal no define de manera clara, completa y suficiente los hechos jurídicamente relevantes, a tal punto que el indiciado no haya tenido la posibilidad de conocer por qué sucesos se le vincula o está siendo investigado, se vulnera de manera flagrante el debido proceso y el derecho de defensa, por lo cual, el único remedio posible es la nulidad de la actuación.

Para una correcta construcción de los hechos jurídicamente relevantes es imprescindible que: (i) se interprete de manera correcta la norma penal, lo que se traduce en la determinación de los presupuestos fácticos previstos por el legislador para la procedencia de una concreta consecuencia jurídica; (ii) el fiscal verifique que la hipótesis de la imputación o la acusación abarque todos los aspectos previstos en el respectivo precepto; y (iii) se establezca la diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba, bajo el entendido que la imputación y la acusación concierne a los primeros, sin perjuicio de la obligación de relacionar las evidencias y demás información recopilada por la Fiscalía General de la Nación durante la fase de investigación –entendida en sentido amplio-, lo que debe hacerse en el respectivo acápite del escrito de acusación.