1. Entre El 5 de noviembre de 2019, a las 20:00 horas, en la calle 24 con carrera 68 B, barrio Salitre, RICARDO ALEXANDER ESTUPIÑÁN LEÓN en compañía de JACQUELINE GALVIS PATIÑO y otra persona más, extrajeron del vehículo de placas NCW 446, de propiedad de LAURA ESPERANZA MEJÍA, dos maletas.

2. La propietaria del automóvil intentó evitar el hurto, no obstante, los procesados abordaron el automóvil Volkswagen Jetta de placas CPC 310 conducido por JACQUELINE GALVIS PATIÑO y la embistieron. JOSÉ GIOVANNI MORENO GUEVARA – pareja sentimental de la mencionada- intentó ayudarla, pero fue atropellado y arroyado por el mismo rodante, quedando gravemente herido.

3. Los procesados huyeron del lugar con los elementos hurtados, sin embargo, fueron capturados en la avenida Boyacá con calle 26 por agentes de la Policía, quienes encontraron en su poder los dos maletines.

4. De acuerdo con los informes periciales de clínica forense realizados el 6 de noviembre del 2019, LAURA ESPERANZA MEJÍA presentó un trauma cerrado de abdomen y tórax, con incapacidad médico legal provisional de 12 días, y JOSÉ GIOVANNI MORENO GUEVARA sufrió lesiones que afectaron sus órganos vitales, lo que generó deformidad física que afectó su cuerpo de forma permanente. Se le otorgó una incapacidad médico legal provisional de 70 días.

1. El 7 de noviembre del 2019, en la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado 73 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Fiscalía les imputó a RICARDO ALEXANDER ESTUPIÑÁN LEÓN y a JACQUELINE GALVIS PATIÑO los delitos de homicidio agravado tentado, en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas y hurto calificado agravado, en calidad de coautores, cargos que no aceptaron. 

2. El 18 de diciembre de 2019, la Fiscalía presentó escrito de acusación y, el 5 de febrero de 20204, el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento realizó la audiencia de formulación de acusación.

3. El 6 de mayo de 2020 la Fiscalía informó al titular del despacho que llegó a un preacuerdo con los procesados el cual fue verbalizado el 21 de mayo de 2020 en el que se pactó modificar la calificación jurídica del delito de homicidio agravado a lesiones personales dolosas agravado, acordando una pena a imponer por todos los ilícitos de 82 meses de prisión y multa de 35.66 smlmv. En esa ocasión, las víctimas manifestaron que llegaron a un acuerdo de pago 15 millones de pesos, por concepto de indemnización de daños y perjuicios.

4. El 3 de septiembre de 2020, el a quo aprobó el acuerdo y el 16 de septiembre emitió sentencia, por medio de la cual condenó a RICARDO ALEXANDER ESTUPIÑÁN LEÓN y a JACQUELINE GALVIS PATIÑO por los delitos de lesiones personales dolosas agravadas en concurso con hurto calificado agravado atenuado a la pena ya mencionada.

Sobre el recurso extraordinario de casación  

• La Sala de Casación Penal ha especificado que la demanda de casación no es un escrito de libre elaboración, toda vez que debe cumplir con unas condiciones mínimas de admisibilidad: i) la acreditación del agravio a los derechos o garantías, producido con ocasión de la sentencia; ii) el señalamiento de la causal de casación elegida, con sujeción a los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios del motivo casacional invocado; y iii) la determinación de la necesidad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades del recurso.

• El inciso 2º del canon 184 de la Ley 906 de 2004 estableció que no se seleccionará el escrito en el que: i) el censor carezca de interés jurídico, ii) no se invoque la causal conforme a la cual se edifica el reproche de las contempladas en el artículo 181 ibidem, iii) omita desarrollar los cargos correspondientes o, iv) fundadamente se logre establecer que no se requiere de la sentencia para cumplir las finalidades previstas en el artículo 180; lo anterior, salvo que alguno de esos propósitos permita superar los defectos técnicos y decidir de fondo.

Nulidad por desconocimiento del derecho a la defensa (numeral 2º  del artículo 181 de la Ley 906 de 2004)

• Cuando se invoca la nulidad por violación del derecho a la defensa  se debe especificar la actuación que conculca esa prerrogativa, sin  que sea suficiente realizar descalificaciones de la actividad de quien  ejerció la defensa técnica, como equivocado, descuidado o inepto.  Por ello, la Corte ha sostenido que la simple discrepancia de  criterios en torno a la estrategia defensiva no configura una  nulidad. 

• En esta causal al demandante le corresponde: i) identificar la clase de irregularidad sustancial que determina la invalidación; ii) señalar si se trata de un vicio de estructura o garantía; iii) plantear los fundamentos fácticos; iv) indicar los preceptos que considera conculcados; v) fijar el momento procesal en que se produjo la anomalía, así como la cobertura de la invalidez deprecada; vi) acreditar, en términos de trascendencia, la necesidad de acudir a la nulidad como remedio único y extremo para restablecer el derecho afectado con la anormalidad procesal o la garantía conculcada.