1. El 19 de abril de 2022 se celebró ante el Juzgado 5° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia – Quindío audiencia preliminar en la que se formuló imputación en contra de Cesar Augusto Marín González como presunto autor del delito de homicidio en grado de tentativa en concurso con hurto calificado. Ahí mismo, el juzgado le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

2. El 8 de julio, la Fiscalía acusó por los mismos cargos a Marín González ante el Juzgado 5º Penal del Circuito de la misma ciudad, los cuales no fueron aceptados por este.

3. El 26 de enero de 2023, en audiencia el despacho de conocimiento dictó sentencia condenatoria (providencia que fue emitida únicamente de forma oral) por los delitos acusados y le impuso al procesado pena privativa de la libertad de 106 meses. Lo condenó también a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Contra esta providencia no se formuló recurso alguno y el proceso fue remitido a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de la misma ciudad.

4. El 21 de mayo de 2023, el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, resolvió no avocar el conocimiento de la actuación y la remitió a los juzgados homólogos de Ibagué – Tolima por considerar que, debido a que el sentenciado se encuentra privado de la libertad en el complejo carcelario y penitenciario de COIBA de esa ciudad, es a ellos a quienes corresponde vigilar la pena.

5. El Juez 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué – Tolima, quien recibió las presentes diligencias, advirtió en auto del 17 de agosto de 2023 que entre los archivos allegados no se halla el fallo condenatorio. Por lo anterior, requirió al Juzgado 5º Penal del Circuito Armenia para que remita con destino a dicha autoridad la sentencia por escrito. 

• El Consejo Superior de la Judicatura, en Acuerdo 2622 de 2004,  impartió una directriz en la que se ha dispuesto la remisión de  procesos de los despachos judiciales de conocimiento a los  juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad en los  siguientes términos: 

-“Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial, los jueces penales municipales, penales del circuito, promiscuos y especializados, para efectos de remisión de procesos a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, deberán remitir, únicamente, el formato de “Ficha Técnica para radicación de procesos”, y la copia de la sentencia del proceso respectivo”. 

• La Sala encuentra que en el presente caso no se halla acreditada la existencia de un conflicto de competencia, en cuanto a que la controversia que se presenta entre los juzgados no se relaciona con una pugna por el conocimiento de la vigilancia de la pena impuesta a Marín González, sino, en estricto sentido, con la no realización de un trámite de tipo procedimental. Motivo por el cual la Sala se abstendrá de emitir algún pronunciamiento en ese sentido.