1. El 6 de diciembre de 2010, el abogado R.P.C acudió al Centro de Servicios Judiciales de Valledupar para presentar una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que afectaba a sus mandantes.

2. El Secretario de la oficina ⎯A.F.B.G⎯ condujo a R.P.C ante el Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías y Coordinador del Centro de Servicios Jurídicos ⎯R.A.E.G⎯.

3. A.F.B.G le expresó al Juez que el abogado pretendía una revocatoria y le indicó que “debían ayudarle en esa vuelta”.

4. A.F.B.G le expresó al abogado que le costaría “cuatro barras” la ayuda, es decir, cuatro millones de pesos, oferta que el litigante no aceptó.

El delito de concusión se trata de uno de los reatos más representativos de aquellos abusos en que puede estar incursa una autoridad pública, consistente en aquella conducta de acuerdo con la cual con desafuero de su cargo o de sus funciones, el servidor oficial constriñe, o induce a dar o prometer, al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicita.

Esta conducta está orientada a suscitar temor en el sujeto pasivo para dar o prometer algo, lo que procura no solo bajo amenazas de una consecuencia injusta, sino cualquier otra manifestación del servidor público dirigida a determinar la voluntad de la víctima para inducirla a prometer o entregar lo que se pide sin causa o fundamento legal.

Se puede desarrollar de dos maneras: i. explícita: cuando la solicitud va acompañada de la admonición de una consecuencia o efecto adverso sobre los intereses del sujeto pasivo y, ii. implícita: cuando pese a no aludirse de dicho efecto negativo, se deja latente el temor de que ese sería el desenlace de no accederse al proceder sugerido.

Tiene por bien jurídico protegido, a la administración pública, aun cuando se trata sin duda de un delito pluriofensivo, habida cuenta que vulnera bienes tales como la autonomía o libertad individual, el patrimonio y eventualmente la propia administración de justicia.