1. En horas de la noche del 26 de febrero de 1995, varios individuos que se transportaban en un campo Toyota, color blanco, placas JAJ – 904 sacaron de la residencia violentamente a Hernando Pizarro Leongómez, ubicada en el barrio “Altablanca” de la calle 157 número 20 – 21 de Bogotá, quien al ofrecer resistencia para subir a dicho vehículo alertó con sus gritos a los vecinos para que llamaran a la policía, la prensa o a un abogado para que observaran cómo se atentaba contra el pueblo colombiano, aduciendo que era hermano del desaparecido.
2. Uno de los victimarios le disparó en la cabeza causándole la muerte, luego de lo cual emprendieron la huida.

1. La Fiscalía inició investigación preliminar para establecer la identidad de las personas que participaron en la muerte del ciudadano Hernando Pizarro.
2. Con base en las pruebas recaudadas, la Fiscalía abrió investigación penal  el 8 de marzo de 1994 y ordenó vincular mediante indagatoria a Gustavo  Sastoque Alfonso, a quien posteriormente le impuso medida de  aseguramiento.

3. Una vez finalizó la fase instructiva, la Fiscalía Regional de Bogotá, Unidad Especial de Terrorismo, calificó el mérito del sumario el 08 de noviembre de 1995. Con resolución de esa fecha acusó a Gustavo Sastoque Alfonso como coautor del delito de homicidio agravado, de conformidad con los artículos 323 y 324-8 del Código Penal, modificados por los artículos 29 y 30 de la Ley 40 de 1993. También dedujo como concurrentes en la conducta las circunstancias genéricas de agravación punitiva previstas en los numerales 3, 4, 7 11 y 13 del artículo 66 de la misma normativa.

4. El 29 de diciembre de 1995 se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la providencia que calificó el sumario.

I. Delimitación del problema jurídico

• Corresponde a la Sala definir si el informe de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos N° 61/18 emitido dentro del caso 12491:

i. Es una decisión internacional que satisface las exigencias de la  causal de revisión invocada por el Procurador 17 Judicial II  Penal de Bogotá y

ii. como consecuencia de ello, si es posible dejar sin efecto las  providencias mediante las cuales se declaró la responsabilidad penal del señor GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO por el  delito de homicidio agravado. 

II. La legitimidad del demandante

• De conformidad con el artículo 221 de la Ley 600 de 2000, la titularidad  para el ejercicio de la acción radica en los sujetos procesales con interés  jurídico, siempre y cuando hayan sido reconocidos en el proceso penal.  De entrada, se advierte que el Procurador 17 Judicial II Penal de Bogotá  (accionante), no actuó dentro del proceso que se adelantó contra  GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO. Sin embargo, reiteradamente  esta Corporación ha sostenido que, en sede de revisión, la legitimidad  emana de las facultades constitucionales asignadas al Procurador General  de la Nación, contenidas en el artículo 277 de la Constitución.

III. La acción de revisión y la causal invocada

•  Para salvaguardar el postulado de seguridad jurídica, siempre que una  sentencia judicial de carácter penal alcanza firmeza, queda, por este  hecho, investida de la doble presunción de acierto y legalidad y es, por lo  tanto, en principio invariable. Sin embargo, la acción de revisión como  mecanismo excepcional permite, a través de un proceso autónomo,  levantar los efectos y la fuerza de la cosa juzgada de un fallo. Esto, si se  establece que no se satisfizo los estándares propios del valor justicia y  contravino la Constitución y la ley. 
  • En el caso bajo estudio, se invoca la causal cuarta prevista en el artículo  192 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, por la fecha de ocurrencia de  los hechos, la acción de revisión no puede promoverse bajo la égida de  dicha normativa, pues tal disposición empezó a regir progresivamente  para las conductas cometidas a partir del 1° de enero de 2005. Sin  embargo, la Corte Constitucional, en sentencia C-004/03 estudió la  exequibilidad de la causal contenida en el numeral 3° del art. 220 de la  Ley 600 de 2000, lo que constituyó un precedente en el cual se basó el  legislador para instituir en el numeral 4° del art. 192 de la Ley 906 de  2004, como causal de revisión, la siguiente:  

(…) Cuando después del fallo (absolutorio) en procesos por  violaciones de derechos humanos o infracciones graves al  derecho internacional humanitario, se establezca mediante  decisión de una instancia internacional de supervisión y control  de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano  ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento  protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e  imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario  acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al  tiempo de los debates. 

• La Sala de Casación Penal ha señalado que esta causal se estructura  cuando se cumplen los siguientes presupuestos:

i. Que en virtud de la providencia cuya autoridad de cosa juzgada se pretende remover, haya sido precluida la investigación, cesado procedimiento o dictado sentencia absolutoria a favor de los incriminados.
ii. Que las conductas investigadas correspondan a violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, y
iii. Que una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente en Colombia, haya constatado el incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar en forma seria e imparcial tales comportamientos.

• Aunque con la demanda de revisión se pretende remover una sentencia  condenatoria, debe recordarse que la Corte Constitucional en la  providencia C-979 de 2005, al estudiar la exequibilidad del término  “absolusotoria” introducido en el numeral 4° del art. 192 de la Ley 906  de 2004, indicó: Nada se opone a que, por virtud de la exclusión de la  expresión acusada, se extiende la posibilidad de reapertura de estos  procesos, por la vía de la revisión, a aquellos que han culminado con  fallos condenatorios y una instancia internacional haya establecido que  son el producto del incumplimiento protuberante de los deberes de  investigación seria e imparcial por parte del Estado, lo que ubica tales  decisiones en el terreno de las condenas aparentes, que toleran o  propician espacios de impunidad en un ámbito en que tanto el orden  constitucional como el internacional, repudian tal posibilidad.