1. Eduardo José Uribe Blanco formuló una denuncia penal contra María del Pilar Rodríguez de Padilla, Luis Ramón Padilla Rodríguez y Ramón Elías Padilla Mendoza por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla se tramitó un proceso de declaración de pertenencia promovido por María del Pilar Rodríguez Padilla y Roberto Suárez Ballesteros contra Tarquino Aguilar Velasco, Alfredo Paternina Vergara y otras personas naturales y jurídicas determinadas.
   
2. El 38 de febrero de 2007, ese juzgado dictó sentencia a favor de los demandantes. Les reconoció la posesión real y material por el lapso de 20 años sobre un lote de terreno distinguido como “lote A y B” ubicado en el municipio Puerto Colombia. Los demandados apelaron la sentencia y el expediente se envió a la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla. Antes de que se resolviera la alzada, los beneficiados con la decisión presuntamente falsificaron la constancia de ejecutoria de la sentencia. El juzgado civil, al percatarse de la irregularidad, ordenó su corrección y emitió copias ante la jurisdicción penal para lo de su competencia.
   
3. La Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, el 30 de marzo de 2009, confirmó la sentencia del Juez Primero Civil del Circuito en la que declaró la pertenencia del lote de terreno y de donde se derivó la matrícula inmobiliaria n.° 040-468235 a nombre de Roberto Suárez Ballesteros.
   
4. El abogado Orlando Anaya Durán, que representaba los intereses de las supuestas víctimas Eduardo Uribe Blanco, Mario Blanco, María Estela Uribe Blanco, Carlos Mauricio Uribe Blanco e Iván Uribe Blanco, solicitó audiencia preliminar reservada de restablecimiento del derecho. El conocimiento del trámite se le asignó al Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, a cargo de Rafael de Jesús Uribe Henríquez.
   
5. En desarrollo de la audiencia, que inició el 22 de agosto de 2014, el abogado Anaya Durán pidió que se ordenara el restablecimiento del derecho a favor de sus poderdantes. El día 25 del mismo mes y año, Rafael de Jesús Uribe Henríquez, titular del juzgado, accedió a la petición y, en consecuencia, entre  otras órdenes mandó:   A. a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla cancelar los registros y títulos de propiedad obtenidos fraudulentamente respecto de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria n.º 040-468234, 040-468233 y 040-468235; y,
   B. al Instituto Geográfico Agustín Codazzi la restitución de los bienes con matrícula inmobiliaria n.º 040-361982 de propiedad de Mario Alberto de Jesús Blanco Cervantes e Iván Darío, Carlos Mauricio y María Estela Uribe Blanco; n.º 040-81712, de propiedad de Amelia Blanco de Castro; n.º 040-81713 de propiedad de Ruth Blanco de Andrade; n.º 040-81714 de propiedad de Ana Josefa Blanco de Chirulnicoff; n.º 040- 81716 de propiedad de María Blanco de Saldarriaga y n.º 040-81717 de propiedad de COFIAGRO.

Para la fiscalía, la decisión del funcionario es manifiestamente contraria a la ley.  Por cuanto:  

A. Ordenó cancelar los registros de forma definitiva, cuando una decisión  en ese sentido sólo le corresponde al juez de conocimiento en el evento  de proferir sentencia o cualquier otra providencia que ponga fin al  proceso penal (inc. 2° art. 101 Ley 906 de 2004); 

B. No existían motivos fundados para inferir que los títulos de propiedad fueron obtenidos fraudulentamente;

C. Extendió la decisión en favor de varios propietarios de inmuebles que no acudieron como víctimas a la diligencia; y 

D. No garantizó la convocatoria de los indiciados y terceros de buena fe,  debida conformación del contradictorio reconocida  jurisprudencialmente.

I. Los principios de inmediación y concentración. Variación del juez durante el juicio.

• El artículo 379 de la Ley 906 de 2004 prevé que el juez deberá tener en cuenta  como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en  su presencia. Por consiguiente, el artículo 454 ibidem establece que deberá  repetirse la práctica de pruebas “si es cualquier etapa del juicio oral se debe  cambiar al juez”. Lo que se busca con el citado principio, como regla general,  es que el funcionario que dirige la vista pública sea el mismo que anuncia el  sentido del fallo y profiere la sentencia. Sin embargo, esa causal de invalidación  y rescisión del trámite no opera automáticamente ante la constatación objetiva  de que sobrevino un cambio de juez. Como todas las demás eventualidades  formalmente capaces de provocar la nulidad procesal, el hecho debió producir  la afectación material de las garantías del procesado, las demás partes o  intervinientes, o de la estructura del proceso. 
• Más adelante la Corte reiteró que el cambio de juez durante la fase de  juzgamiento “solo por excepción es constitutiva de nulidad”. Más en detalle,  explicó que “la nulidad solo podrá decretarse de manera excepcionalísima en el  evento que se demuestren graves afectaciones a derechos o principios de más  hondo calado y una vez sopesados los motivos que precedieron al cambio del  funcionario judicial”.
• La nulidad por cambio del juez durante el juicio es una medida  excepcionalísima. Solo procederá cuando se constate una lesión efectiva de los  derechos de los sujetos procesales o de la estructura del proceso, lo cual deberá  ser acreditado por quien la invoque. Para su resolución, deberán evaluarse las  particularidades de cada caso, dentro de las que cabe considerar, entre otros  criterios, las razones que motivaron el reemplazo del juez, la existencia de  registros de audio y video del juicio, así como la capacidad de estos medios para  reflejar de forma fidedigna lo sucedido. 
• En el caso concreto, la revisión de las circunstancias concretas del juicio, la  calidad de los registros audiovisuales de las sesiones en que se tramitó y la  naturaleza documental de las pruebas que sirvieron de fundamento al fallo son  criterios que permiten concluir que el principio de inmediación no sufrió  afectación sustancial por cambio de los magistrados durante el juicio. Desde  esta perspectiva, no encuentra la Corte razones que justifiquen la invalidación  del proceso que el acusado reclamó.  

II. De la violación del principio de congruencia

• El respeto al principio de congruencia implica la carga que la ley impone tanto  a la fiscalía como a los jueces de conservar la uniformidad de los hechos  jurídicamente relevantes comunicados desde la imputación. Estos deben  permanecer invariables durante la acusación y sentencia para garantizar, entre  otros, el derecho de defensa. 
• La Sala ha enfatizado que la relevancia jurídica de un hecho depende de su  correspondencia con el supuesto fáctico previsto en el tipo penal. De allí que  no pueda calificarse como hecho jurídicamente relevante un aspecto que la  norma penal no incluye como supuesto fáctico de su tipicidad.  
• En el caso concreto, el hecho de que el tribunal hubiera aludido  tangencialmente al carácter público o privado de la audiencia no cambia la  situación. Resulta claro que la tipicidad de la conducta no se hizo desprender  de ese aspecto, sino de la orden del funcionario de cancelar las matrículas.  
• La Corte ha explicado que en virtud del principio de trascendencia que rige la  declaratoria de nulidad del proceso, «la simple ocurrencia de la incorrección no  conduce necesariamente a la invalidación de lo actuado, en cuanto es preciso  acreditar que aquella produjo unos resultados adversos y lesivos a los intereses  y derechos del sindicado, pues de lo contrario, el vicio carece de trascendencia  e imposibilita declarar la pretendida invalidez».  
• Que el exjuez acusado realizara la audiencia de manera reservada no es un hecho  jurídicamente relevante, es decir, por sí solo no estructura el tipo penal de  prevaricato.  
• Ninguna irregularidad sustancial trascendente ocurrió en relación con la  congruencia fáctica que debe existir entre la acusación y la sentencia. Según se  vio, el hecho que la fiscalía retiró de la acusación y que el tribunal retomó en la  sentencia no hace parte de la estructura del tipo penal por el cual se acusó y se  condenó.