1. El 20 y 21 de marzo de 2024, ante el juzgado Ciento Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Buga, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento al interior del proceso penal adelantado en contra de William Navia Silva, por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
2. Previamente a que el juez inquiriera al procesado acerca de su voluntad de aceptar los cargos, el fiscal delegado expuso que había arribado con aquel, asesorado por su defensor, a un preacuerdo, en virtud del cual, para efectos punitivos, reconocía “la rebaja del artículo 27 inciso 2 del Código Penal, atinente a la figura de Tentativa Inacabada y se estableció una pena de prisión de 44 meses”.
3. El funcionario judicial manifestó que el preacuerdo debía ser presentado ante el juez de conocimiento. En todo caso, dejó constancia acerca de tal acuerdo. Hecho esto, interrogó al imputado frente a su deseo de allanarse a los cargos, a lo cual respondió que no.
4. El 10 de mayo de 2024, el apoderado judicial del procesado -aquí accionante solicitó a la Fiscalía Doce Seccional de Cali la radicación de preacuerdo ante juez de conocimiento, en los términos esbozados en las audiencias preliminares. Empero, el día 29 de los mismos mes y año, radicó escrito de acusación.
   
5. Correspondió al Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali. La audiencia de formulación de acusación fue convocada para el 20 de septiembre de 2024, oportunidad en la cual el defensor del procesado solicitó la nulidad de la actuación, con fundamento en que se desconoció la “imputación preacordada” celebrada en las audiencias preliminares.

I. De las formas de terminación anticipada del proceso penal

• El literal D del artículo 8 de la Ley 906 de 2004 faculta al procesado al interior de una actuación penal para «lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas», vale decir, allanarse a cargos -aceptación unilateral- o celebrar preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación -mecanismo consensuado-.

• Las rebajas tratándose de allanamiento a cargos están previstas legalmente,  concretamente, si tiene lugar en la audiencia de imputación “comporta una  rebaja hasta de la mitad de la pena imponible” (art. 288.3 y 351 ley 906 de  2004). Si ocurre en la preparatoria, la pena a imponer descenderá “hasta en  la tercera parte” (art. 365.5 ib). Y, en el evento que el acusado se declare  culpable en el juicio oral “tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la  pena imponible” (art. 367 inc. 2 ib).  
• Caso contrario ocurre cuando la aceptación de cargos está precedida de un  acuerdo entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación, “sobre hechos  imputados y sus consecuencias” (art. 351 inc. 2 ib), que posibilita, para  efectos punitivos, entre otras, la de modificar el grado de participación,  reconocer causales de atenuación, suprimir de agravación o algún cargo, asó  como variar la calificación jurídica.  
• A esta alternativa se puede acceder desde la audiencia de formulación de  imputación, caso en el cual el fiscal lo presentará ante el juez de  conocimiento como escrito de acusación y hasta el momento en que sea  interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad.  

II. De los principios de rigen los preacuerdos

•  La Fiscalía y el imputado o acusado (de acuerdo con la etapa procesal en que  se celebre) deberán ceñirse a los principios que rigen este instituto jurídico,  con miras a i) evitar desprestigiar la administración de justicia; ii) desconocer  los derechos de las víctimas; y/o iii) socavar garantías fundamentales.  
• La Directiva No. 0010 de 10 de noviembre de 2023, emitida por la Fiscalía  General de la Nación “Por la cual se fijan directrices para la celebración de  preacuerdos entre la Fiscalía General de la Nación y el imputado o acusado”,  contiene lineamientos acerca de: i) los principios y finalidades de los  preacuerdos; ii) los límites para su celebración; iii) el contenido que le es  exigible; y, iv) las directrices en materia de trámite procesal.  
• Entre los principios que rigen los preacuerdos el documento citado señala,  entre otros, los de: i) legalidad y congruencia; ii) irretractabilidad; iii)  obligación de observar directivas –discrecionalidad reglada-; iv) deben ser  actos libres, conscientes, voluntarios e informados –defensa técnica-.  
• Principio de irretractabilidad: La celebración de los preacuerdos se cimienta  sobre la buena fe y la lealtad de las partes. Precisamente, este principio tiene  como objetivo proveer de seriedad al procedimiento establecido y asegurar  la credibilidad en el instituto de los preacuerdos. En consecuencia, luego de  la aprobación del preacuerdo por parte del juez de conocimiento, solamente  será factible la retractación por el imputado o acusado, cuando se den  presupuestos que muestren una grave afectación a su consentimiento o  vulneración de garantías fundamentales.  
• Al respecto, en el auto CSJ AP3046-2024, 22 may. 2024, rad. 59441, la Sala  de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia fijó unas reglas en materia  de preacuerdos, de la siguiente manera:

1. “No es posible la retractación pura y simple de la aceptación de los  cargos realizada en la imputación.  
2. La retractación es condicionada a la demostración de vicios del  consentimiento o la violación de garantías fundamentales.  
3. En la aceptación de cargos realizada en la imputación, es el juez de control de garantías quien verifica que el consentimiento se haya dado de manera libre, consciente, voluntaria, asesorada y sin vulneración de garantías. El juez de conocimiento no debe verificar nuevamente lo que ya hizo el juez de garantías, debiendo, una vez recibe el caso, correr el traslado del artículo 447 del CPP y proferir la sentencia.  
4. El juez de conocimiento debe verificar que la aceptación sea libre, consciente, voluntaria, asesorada y sin vulneración de garantías cuando  sea posterior a la imputación o se produzca por preacuerdo con la Fiscalía.  
5. Después de verificado por el juez de conocimiento el preacuerdo, no se  admite la retractación ni del imputado ni del delegado de la Fiscalía.
6. Ahora, bajo el principio de exclusión que se desprende del artículo 293 del CPP, es inaceptable que el Fiscal se retracte del preacuerdo una vez  se ha suscrito por todas las partes e intervinientes. Esto por cuanto no  existe norma en el ordenamiento que permita la retractación del Fiscal,  como si se consagró para el imputado, sin poder siquiera pensar que, como funcionario público, pueda alegar un vicio en el consentimiento,  salvo la insuperable coacción (eventualidad que deberá demostrar) (…)”.

• Cuando el imputado acepta la imputación por “acuerdo” con la Fiscalía, lo  que efectivamente realiza es un preacuerdo, donde reconoce ante el Fiscal,  el Ministerio Público y la víctima, que realizó la conducta imputada. Esa  manifestación de culpabilidad según el art. 292 del CPP es una actuación que  se equipara, nada más y nada menos, que a la “acusación”.